Un paso más cerca de la movilidad sostenible en España

El Proyecto de Ley establece un marco ambicioso que reconoce que la movilidad sostenible como un derecho fundamental, promoviendo la creación de un ecosistema de transporte que sea eficiente, inclusivo y respetuoso con el medio ambiente. Con un enfoque en la accesibilidad universal y la sostenibilidad ambiental, este Proyecto de Ley está diseñado para reducir la huella de carbono del sector del transporte y alinear nuestras políticas con los objetivos climáticos tanto nacionales como europeos y globales.

Además de mejorar la infraestructura de carga eléctrica y promover la movilidad activa fomentando alternativas saludables y ecológicas al uso de vehículos motorizados, el Proyecto plantea los siguientes objetivos:

• Inversiones en infraestructura verde: El Proyecto impulsa una robusta inversión en infraestructuras verdes, que incluye desde la expansión de redes de carga para vehículos eléctricos hasta la modernización de sistemas de transporte público. Este enfoque no solo es esencial para la sostenibilidad ambiental sino que también presenta oportunidades significativas para empresas de construcción, tecnología e ingeniería especializadas en proyectos ecológicos.
• Consultoría y asesoría legal: La nueva regulación requerirá una adaptación meticulosa a los marcos regulatorios y una maximización de los incentivos disponibles.
• Desarrollo de nuevos modelos de negocio: El fomento de la movilidad como servicio (MaaS) y otros modelos basados en tecnología abren un campo vasto para startups y empresas innovadoras. Estas pueden incluir desde plataformas de gestión de transporte integrado hasta soluciones de vehículos compartidos y sistemas de micromovilidad.
• Energías renovables y tecnología limpia: Con el impulso hacia la electrificación del transporte y el uso de energías renovables, surge una demanda creciente por soluciones de energía limpia. Esto abarca desde la instalación de paneles solares y parques eólicos hasta el desarrollo de nuevas baterías para vehículos eléctricos y tecnologías de eficiencia energética.
• Fomento de la movilidad urbana sostenible: El Proyecto de Ley incentiva la transformación urbana para apoyar la movilidad activa y el uso de transportes públicos seguros y accesibles. 

Puntos Clave del Proyecto de Ley

• Reconocimiento de la movilidad como derecho fundamental: Este enfoque establece la movilidad no solo como una necesidad básica sino como un derecho garantizado por el Estado, lo que obliga a todas las administraciones públicas a asegurar y facilitar el acceso universal a medios de transporte sostenibles. Transforma la planificación urbana y rural, exigiendo que la movilidad sea considerada en todos los proyectos de desarrollo y en la revisión de políticas urbanísticas. Lo anterior tiene implicaciones para el desarrollo urbano y la necesidad de adaptación de infraestructuras.
• Promoción de vehículos eléctricos y energías renovables: se establecen incentivos para la adopción de vehículos eléctricos (EVs) y la expansión de la infraestructura de carga, creando nuevas oportunidades para inversiones en energía limpia, apoyando la investigación y desarrollo en tecnologías de energías renovables aplicadas al transporte. Implementación de incentivos fiscales y subvenciones para la compra de vehículos eléctricos y la instalación de infraestructura de carga. Reducción de la desigualdad social y económica al conectar mejor áreas desatendidas y marginalizadas.
• Sistema Nacional de Movilidad Sostenible: Integración de diversas administraciones públicas para una gestión más eficiente y coherente del transporte, mediante la creación de un marco coordinado que integre las políticas de movilidad de todas las administraciones públicas, desde el nivel local hasta el nacional, así como el establecimiento de órganos de consulta y decisión como la Conferencia Sectorial de Transportes y el Foro Administrativo de Movilidad Sostenible.
• Impacto en el mercado energético: Todas estas medidas suponen un aumento de la demanda de soluciones de energía renovable y tecnologías limpias. Incremento en la adopción de vehículos eléctricos, disminuyendo la dependencia de combustibles fósiles y las emisiones de CO2 asociadas al sector transporte, lo cual supondrá un estímulo a la economía a través de inversiones en nuevas tecnologías y servicios, generando empleo y fomentando la innovación.

Un compromiso integral con la acción climática

La colaboración interadministrativa será fundamental para implementar una política de transporte y movilidad centrada en el ciudadano. El Sistema Nacional de Movilidad Sostenible se erige como el eje de esta cooperación, impulsando un foro de coordinación entre administraciones y un consejo consultivo para trabajar con el sector y los usuarios. El espacio de datos integrados de movilidad (EDIM), jugará un papel crucial en este esquema, proporcionando la transparencia y eficiencia necesarias para la toma de decisiones informadas. El cambio verdadero proviene de la participación informada y comprometida de todos los ciudadanos. Por ello, la ley pone énfasis en la sensibilización y la educación sobre la movilidad sostenible y segura, y contempla la inclusión de formación en esta área con contenido educativo sobre seguridad vial y uso de diferentes medios de transporte sostenible. 

Sinergia con la nueva normativa europea

La Unión Europea, en su esfuerzo por estandarizar y simplificar la experiencia de carga para los usuarios de vehículos eléctricos, ha aprobado el Reglamento (UE) 2023/1804, que promete poner fin a la fragmentación actual del mercado y representa un cambio de paradigma en la interoperabilidad y la facilidad de uso, al estipular que todos los nuevos puntos de recarga de acceso público deberán aceptar medios de pago electrónicos comunes a partir de abril de 2024. Estos avances simplifican el proceso de carga de vehículos eléctricos, al exigir que los puntos de recarga acepten pagos electrónicos universales. Con este cambio, cualquier usuario de vehículo eléctrico podrá realizar recargas puntuales sin la necesidad de múltiples aplicaciones o suscripciones específicas de proveedor.

Los desafíos legislativos son asegurar que las nuevas operaciones y expansiones cumplan con los estándares de movilidad sostenible, adaptándose a un mercado altamente regulado y orientado hacia la sostenibilidad.

Dicho reglamento también implica que no habrá conductor de un vehículo eléctrico que se encuentre a más de 60 km de un punto de recarga en la red de carreteras de la Red Internacional Transeuropea (RTE-T), garantizando así que la infraestructura de recarga no sea un obstáculo para la adopción y uso de vehículos eléctricos. El número de puntos de carga públicos ha experimentado un crecimiento robusto en el primer trimestre del año. La infraestructura de carga pública en España ha visto un crecimiento exponencial, con más de 1.850 puntos de carga implementados, elevando el número total a más de 32.000. Este salto cuantitativo no solo incrementa la densidad de nuestra red, sino que también refuerza la confianza en una movilidad eléctrica accesible y cómoda para todos los usuarios. Este es un paso crítico hacia una red de movilidad eléctrica que puede soportar un futuro de cero emisiones.

En caso de que desee saber más sobre la propuesta de normativa, no dude en contactar con alguno de nuestros expertos mencionados más abajo o con su contacto habitual en Osborne Clarke.