Whistleblowing: en el foco del Parlamento Europeo
Publicado el 28th septiembre 2017
Bruselas votará medidas para proteger a los whistleblowers.
El “chivatazo” o whistleblowing sigue siendo una de las asignaturas pendientes en la Unión Europea (“UE“). Hoy en día existen pocas dudas acerca de los beneficios de los whistleblowers, cuya figura no sólo busca el saneamiento de las compañías sino también luchar contra conductas ilícitas que atentan contra el interés público. En palabras del Parlamento Europeo (“PE“), el whistleblowing representa una fuente fundamental de información en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción. Aunque algunos Estados Miembro han adoptado sistemas de protección para proteger a los whistleblowers en sus respectivos territorios, aún hay margen para mejorar su protección y, así, reforzar este mecanismo, que ha resultado clave en la lucha contra las conductas ilícitas, altamente perjudiciales.
Como resultado, en junio de 2017 el PE propuso el Proyecto de Informe sobre las medidas legítimas para la protección de los denunciantes de irregularidades que, en aras del interés público, revelan información confidencial sobre empresas y organismos públicos (2016/2224(INI)). El documento persigue un doble propósito: aumentar la concienciación sobre la importancia de los whistleblowers así como asumir su protección, en el mayor grado posible.
Se estima que un número significativo de individuos, que podría resultar esencial en la aportación de información para combatir el crimen dentro de las compañías en las que trabajan, permanece en silencio por miedo a represalias por falta de anonimato. El PE reclama a los Estados Miembro la prestación de ayuda psicológica, legal y financiera a aquellos whistleblowers que denuncien dentro de su lugar de trabajo. Asimismo, recomienda encarecidamente la creación de órganos independientes que centralicen todas las denuncias efectuadas por los whistleblowers, tramitarlas, verificar su autenticidad y, al mismo tiempo, dar apoyo a los denunciantes.
El informe espera ahora la decisión de la Comisión de Asuntos Jurídicos del PE del próximo 2 de octubre, cuya aprobación significaría dar un paso más en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción.
