Reducción de la jornada máxima semanal en España: un cambio significativo

El Anteproyecto de Ley busca reducir el tiempo de trabajo efectivo sin disminuir el salario, con el objetivo de mejorar la calidad del empleo, la productividad de los trabajadores y la conciliación laboral con la vida personal.

Implementación gradual

Dado que la duración de la jornada es la pactada en los convenios colectivos o en los contratos de trabajo, será necesaria la adaptación de los distintos convenios para conocer la aplicación práctica en cada actividad.  Las comisiones negociadoras de los convenios colectivos tendrán un plazo hasta el 31 de diciembre de 2025 para adaptar sus regulaciones y asegurar el cumplimiento de la nueva norma.

Registro horario y desconexión digital

El anteproyecto introduce modificaciones sustanciales en el registro horario, que deberá ser digital, eliminando así los registros horarios en papel.  Asimismo, el anteproyecto prevé expresamente que los empleados deberán registrar interrupciones y pausas realizadas durante su jornada de trabajo.  El registro debe estar disponible de forma inmediata y en cualquier momento para los trabajadores, representantes y la Inspección de Trabajo, y se conservará durante cuatro años.

Finalmente, se refuerza el derecho a la desconexión digital. En concreto, el anteproyecto establece que se trata de un derecho irrenunciable, y se prevén garantías para asegurar que el trabajador no sufra represalias por ejercer este derecho.

Impacto en trabajadores a tiempo parcial

Las personas trabajadoras a tiempo parcial con jornadas iguales o superiores a 37,5 horas semanales se convertirán automáticamente en contratos a jornada completa. Los trabajadores con jornadas inferiores mantendrán sus horas actuales.

Excepciones y Sanciones

La reducción de la jornada semanal afectará a todas las empresas y sectores en España, con algunas excepciones específicas. No obstante, se prevé que la reducción de jornada semanal no afectará a todos los sectores por igual, ya que existen ciertos convenios colectivos en los que ya se ha reducido la jornada de forma voluntaria, tratándose de una materia esencialmente disponible para la negociación colectiva.

En los supuesto de ausencia de registro o el falseamiento de los datos registrados, se considerará la comisión de una infracción por cada persona trabajadora afectada. Las multas tendrán como importe:

• En su grado mínimo, de 1.000 a 2.000 euros
• En su grado medio, de 2.001 a 5.000 euros
• En su grado máximo, de 5.001 a 10.000 euros

Próximos pasos

Este anteproyecto todavía debe someterse a tramitación parlamentaria, por lo que se esperan negociaciones y cambios inminentes. La implementación final y aplicación práctica dependerá de los acuerdos alcanzados durante los trámites legislativos, el desarrollo reglamentario posterior y la capacidad de adaptación tanto por parte de las empresas como de los trabajadores.

Este conjunto de medidas representa una iniciativa ambiciosa que plantea desafíos significativos en términos de organización del trabajo, productividad y acuerdos entre las partes. Las empresas deberán revisar sus modelos organizativos para mantener la eficiencia operativa con menos horas de trabajo cubiertas y gestionar los costes asociados.