La "business judgement rule" como mecanismo de limitación de la responsabilidad de los administradores en la toma de decisiones

Los socios de cualquier sociedad nombran a los administradores para que gestionen el patrimonio de la sociedad mediante la adopción de decisiones. Toda decisión conlleva un riesgo y, a su vez, una responsabilidad exigible por parte de los socios. Por dicho motivo, el derecho español ha incorporado el concepto de la "discrecionalidad empresarial" (conocido, también, como business judgement rule) que protege a los administradores y limita su responsabilidad personal, siempre que en la toma de decisiones se hayan cumplido determinados requisitos.

Origen de la business judgement rule

La doctrina de la business judgement rule (regla de la discrecionalidad empresarial) nace en los tribunales ingleses en el siglo XVIII y es posteriormente desarrollada en EEUU, particularmente por los tribunales del Estado de Delaware, los cuales, en el emblemático caso Aronson v. Lewis de 1984, establecieron una de las elaboraciones de la business judgement rule más citadas en la jurisprudencia norteamericana:

La business judgement rule es una presunción de que, en la toma de una decisión empresarial, los administradores de una compañía actuaron de forma informada, de buena fe y en el sincero convencimiento de que la decisión se adoptó en el mejor interés de la compañía. En ausencia de un abuso de discrecionalidad, ese juicio será respetado por los tribunales. La carga de probar los hechos que refuten esa presunción recae sobre la parte que impugna la decisión.

En consecuencia, el cumplimiento de determinados requisitos en el procedimiento de toma de decisiones protege al administrador y limita la responsabilidad derivada de los perjuicios que eventualmente pueda ocasionar la concreta decisión.

En Europa continental, el legislador alemán fue de los primeros en introducir esta doctrina, aunque configurándola como un "puerto seguro" (safe harbour), de modo que, en caso de impugnación del acuerdo lesivo, recae sobre los administradores la labor de acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el "puerto seguro" para poder beneficiarse de la protección otorgada por el mismo. Es por ello que, en el ejercicio discrecional de sus funciones directivas, los administradores de sociedades alemanas deberán recopilar toda la información documental que sea necesaria, a fin de evitar potenciales reclamaciones por los efectos lesivos de sus decisiones empresariales.

Requisitos que deben cumplirse para la aplicación de la business judgement rule en nuestro Derecho

Si bien en España la business judgement rule ya había sido acogida por nuestros tribunales, el legislador español la incorporó expresamente en nuestro Derecho positivo a través de la reforma de la Ley de Sociedades de Capital ("LSC") operada por la Ley 31/2014, de 3 diciembre. El artículo 226 LSC, bajo el título "protección de la discrecionalidad empresarial", establece los requisitos que todo administrador debe cumplir en la adopción de decisiones estratégicas y de negocio para que su responsabilidad personal quede limitada. Con carácter general, todo administrador debe cumplir, en el ejercicio de su cargo, con la diligencia de un ordenado empresario (art. 225 LSC), que es el estándar de diligencia más exigente en Derecho español. De conformidad con el mencionado art. 226 LSC, se entenderá que el administrador ha cumplido con dicho estándar de diligencia siempre y cuando su decisión haya cumplido con los siguientes requisitos:

• Actuación de buena fe: actuar en la sincera convicción de que la decisión adoptada es razonable y constituye la opción más favorable a los intereses de la sociedad en el momento de su adopción.
• Ausencia de conflicto de interés: defender los intereses de la sociedad por encima de sus intereses personales o de personas vinculadas al administrador.
• Información suficiente: disponer de toda la información razonablemente necesaria para una correcta adopción de la decisión (en su caso, informes externos).
• Procedimiento de decisión adecuado: seguir un procedimiento de toma de decisiones reglado (con arreglo a la normativa y regulaciones internas aplicables) y conveniente para la toma de la concreta decisión empresarial.

El estricto cumplimiento de todos estos requisitos permitirá proteger y limitar la responsabilidad personal del administrador en el supuesto de que, con posterioridad a su adopción, su decisión acabe ocasionando un perjuicio a la sociedad.

Sin embargo, la configuración de la business judgement rule por el legislador español, deja abierto el debate sobre el artículo 226 LSC sigue el modelo de establecido por los tribunales de Delaware o el sistema alemán de "puerto seguro". Como hemos explicado, la principal diferencia entre ambos modelos estriba en la determinación de sobre quién recae la carga probatoria, en caso de que una decisión empresarial finalmente cause un perjuicio a la sociedad.

En el sistema estadounidense, la carga de la prueba recae sobre el demandante, de modo que deberá probar que los administradores no han cumplido con alguno de los requisitos de la business judgement rule y destruir así la presunción de que la decisión fue diligente. Una vez destruida la presunción, recaerá sobre el administrador la carga de probar que su actuación se adecuó a los intereses de la sociedad. Así sucedió en el caso In Re Trados Incorporated Shareholders Litigation (2013), donde el demandante consiguió probar que una mayoría de los consejeros de Trados Inc. estaban incursos en conflicto de interés, cuando decidieron vender la compañía a SDL plc. En dicho caso, el juego de los derechos preferentes de liquidez (liquidation preferences) de los accionistas preferentes y la aprobación por el consejo de cierto plan de incentivos a favor del equipo gestor en caso de venta de la compañía, hizo que los accionistas ordinarios no recibieran nada del precio de venta. Curiosamente, y pese a haber perdido la protección de la business judgement rule, los consejeros de Trados Inc consiguieron probar que los accionistas ordinarios no hubieran tenido derecho a recibir precio alguno, por lo que, en ausencia de daño, el tribunal les eximió de responsabilidad.

Por su parte, cómo hemos explicado más arriba, en el sistema alemán de "puerto seguro" los administradores son los encargados de probar que cumplen con los requisitos previstos en la norma para gozar de inmunidad frente a cualquier reclamación por responsabilidad.

En nuestro país, la mayoría de la doctrina se ha inclinado por considerar que el art. 226 sigue el modelo alemán de "puerto seguro", en virtud del llamado "principio de facilidad probatoria", dada las dificultades que tendría que superar un demandante desconocedor de los entresijos del proceso de toma de decisiones por parte de los administradores. Ello, no obstante, no debe significar que los tribunales españoles deban admitir a trámite cualquier demanda basada en la existencia de un daño derivado de una decisión empresarial. Porque, una cosa es probar la ausencia de alguno de los requisitos del art. 226 LSC, y otra muy distinta es no aportar ningún tipo de indicio que pueda llevar a deducir que los administradores han actuado de forma negligente en la toma de decisiones empresariales.