El Real Decreto que acerca más a España hacia una economía circular

Desde la Revolución Industrial, nuestro modelo de crecimiento ha dependido del uso de los recursos ambientales, que, tras ser transformados en la cadena de producción y consumidos, se convierten en residuos que acaban principalmente en vertederos. 

No obstante, este modelo lineal de crecimiento, que ha sido el patrón de desarrollo económico predominante, ha demostrado ser insostenible. Desde hace tiempo, la Unión Europea ha venido adoptando una serie de directivas para promover la implementación de un modelo de desarrollo y crecimiento que optimice la utilización de los recursos, materias y productos disponibles, manteniendo su valor en la economía durante el mayor tiempo posible y reduciendo al mínimo la generación de residuos.

Nueva regulación sobre envases

En este contexto actual de impulso hacia una economía circular y sostenible, el Gobierno español ha adoptado el Real Decreto 1055/2022 de envases y residuos de envases, que supone una revisión integral de la legislación española en esta materia, en vigor desde hace más de 20 años y que está alineada con los objetivos de la Unión Europea. La norma desarrolla la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular e incorpora al ordenamiento español la Directiva (UE) 2018/852 de envases y residuos de envases y las medidas sobre responsabilidad ampliada del productor contenidas en la Directiva (UE) 2019/904/UE relativa a la reducción del impacto de determinados productos de plástico en el medio ambiente.

El texto establece el régimen jurídico aplicable a los envases y residuos de envases con el fin de prevenir y reducir su impacto en el medio ambiente. Esta norma forma parte del paquete normativo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que permitirá a España avanzar en la implantación de la economía circular y cumplir los nuevos objetivos de reciclado de envases impuestos desde Europa para los años 2025 y 2030. Las disposiciones contenidas en este real decreto entraron en vigor el 29 de diciembre 2022, excepto aquellas relacionadas con las obligaciones de marcado de envases, que posponen su aplicación al 1 de enero de 2025.

Ámbito de aplicación

La norma aplica a todos los envases y residuos de envases que se pongan en el mercado en el territorio español, independientemente de su uso u origen en la industria, comercio, oficinas, establecimientos comerciales, servicios, hogares u otros lugares, y sin perjuicio de las disposiciones especiales aplicables, como las relacionadas con la seguridad, protección de la salud e higiene de los productos envasados, medicamentos, requisitos de transporte y residuos peligrosos, entre otros.

Prevención y reutilización de residuos

Una de las principales novedades que presenta el texto final del real decreto es el establecimiento de un amplio conjunto de medidas y objetivos orientados a la prevención de residuos. Entre los objetivos que sienta la norma, cabe destacar la reducción en peso de los residuos generados y en número de botellas de plástico de un solo uso que se comercializan, así como intentar poner fin a la venta de los envases de plástico de un solo uso. En esta línea, se introduce también como objetivo lograr que todos los envases puestos en el mercado en 2030 sean reciclables y, cuando sea posible, reutilizables.

Adicionalmente se contemplan una serie de medidas orientadas a promover la venta a granel y el uso de envases reutilizables por parte de los comercios minoristas. 

Reciclado de residuos de envases

El real decreto no sólo impulsa el reciclaje, sino que también fomenta la incorporación de materiales obtenidos a partir de residuos de envases en nuevos envases y otros productos. En este sentido, establece una serie de porcentajes recomendados de contenido en plástico reciclado en los envases que los productores deberán intentar alcanzar para los años 2025 y 2030. No obstante, en el caso de las botellas de plástico de un solo uso, estos porcentajes serán de obligado cumplimiento.

Responsabilidad ampliada del productor

El núcleo de la normativa se encuentra en el capítulo dedicado al régimen de responsabilidad ampliada del productor (RAP). Una de las novedades más significativas introducidas es la ampliación de este régimen a los productores de envases comerciales e industriales, los cuales anteriormente estaban exentos de cumplir estas obligaciones. 

Esto supone imponer a los envases comerciales e industriales las mismas obligaciones que a los domésticos en materia de RAP y que, por lo tanto, empresas de diversos sectores que antes no estaban sujetas a este régimen, incluyendo las plataformas de comercio electrónico, ahora deban cumplir con las obligaciones organizativas, de financiación y de gestión de residuos establecidas en la regulación.

La norma regula en detalle numerosas responsabilidades de los productores de estos envases, entre las que se incluye la obligación para muchos de ellos −dependiendo del volumen de envases que introduzcan en el mercado− de desarrollar planes de prevención y ecodiseño. Esta obligación puede cumplirse de forma individual, mediante sistemas individuales sujetos a una comunicación previa, o a través de sistemas colectivos que requieren autorización. 

Para los sistemas colectivos, el real decreto establece una contribución financiera, que deberá ajustarse según la tipología de envases, teniendo en cuenta criterios de economía circular, tales como la naturaleza y cantidad de material utilizado en su fabricación, su durabilidad o que se puedan reparar, reutilizar o reciclar, entre otros. A estas contribuciones financieras se les podrá aplicar una bonificación cuando el producto cumpla criterios de eficiencia, o bien una penalización en caso de incumplimiento. 

Marcado de envases

El texto también establece una serie de condiciones relativas al marcado de los envases que serán exigibles a partir del 1 de enero de 2025. Así, los envases deberán indicar, en su caso, su condición de reutilizables, o los contenedores en los que deben depositarse cuando se desechen. No obstante, aunque el envase sea reutilizable, queda prohibido el uso de palabras como "respetuoso con el medio ambiente" o cualquier otro equivalente ya que podría incitar a su abandono en el entorno. Por otra parte, se contempla la posibilidad de que los envases vayan marcados con una indicación del porcentaje de material disponible para un reciclado de calidad, con el fin de ayudar a los consumidores en la toma de decisiones informadas. Si bien, para garantizar la fiabilidad de esta información, se requiere que esta se haya obtenido a partir de una evaluación auditada y certificada, que deberá ser revisada al menos cada cinco años.

Por otra parte, se regulan obligaciones específicas de información que aplican tanto a las personas físicas y jurídicas autorizadas a realizar operaciones de recogida con carácter profesional y tratamiento de residuos de envases, así como a las comunidades autónomas. En este sentido, se hace una distinción entre la información que debe ser proporcionada a las autoridades públicas y la que debe ser proporcionada a los consumidores, usuarios, público en general y organizaciones no gubernamentales. En lo que respecta a los consumidores, estos deben ser informados sobre cómo prevenir la generación de residuos de envases y cómo desecharlos adecuadamente de acuerdo con el modelo de gestión de residuos de su localidad.

Los comerciantes y distribuidores dispondrán del plazo de un año desde la entrada en vigor de la norma, es decir, desde el 28 de diciembre de 2023, para cumplir con las obligaciones recogidas en este título dedicado al RAP.

Comentario Osborne Clarke

Dada la gran cantidad de empresas que comercializan envases y la amplitud del concepto de envase, es evidente que las disposiciones de esta norma no pasarán desapercibidas y que tendrán una gran repercusión para todos los agentes afectados por el real decreto, a pesar de que el mismo probablemente deba ser revisado como consecuencia de la adopción de un reglamento europeo en esta materia. 

En cualquier caso, estamos seguros de que esta novedad legislativa es un importante paso adelante para España hacia un modelo más sostenible y responsable en el uso de los recursos y en la gestión de los residuos y que nos acerca más a un modelo circular que, en definitiva, es el futuro de la economía.