El Gobierno ultima la creación de la autoridad para proteger a clientes financieros

El Consejo de Ministros a mediados de marzo remitió a las Cortes el proyecto de Ley de creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, una norma definida por el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, como la "clave de bóveda" del sistema de protección e inclusión de los clientes financieros.

El proyecto llegó a ser aprobado por el Congreso de los Diputados en la anterior legislatura, pero decayó antes de su adopción final. El ministro defendió que responde a una "demanda ciudadana".

La Autoridad de Defensa del Cliente Financiero se configura como un órgano dotado de independencia funcional para la resolución extrajudicial de los conflictos entre las entidades financieras y sus clientes. Con su creación se completa el trabajo desarrollado en los últimos años con los códigos de buenas prácticas que se han impuesto las entidades financieras. De hecho, el texto refuerza el papel de esos protocolos, ya que los asimila a las normas de conducta y, por tanto, pasan a ser también de obligado cumplimiento.

El ministro de Economía recordó que el sistema actual de resolución de conflictos entre las entidades financieras y los clientes consta de tres niveles sucesivos: los servicios de atención al cliente de las entidades, los servicios de reclamaciones de los organismos supervisores -Banco de España, Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV) y Dirección General de Seguros- y los juzgados. La Autoridad va a integrar las funciones de los organismos supervisores, permitiendo que los clientes presenten sus reclamaciones de manera gratuita y con agilidad, ya que el plazo máximo para la atención será de 90 días.

La Autoridad resolverá reclamaciones relativas al incumplimiento de las normas de conductas, las buenas prácticas y los protocolos firmados por las entidades, incluyendo el carácter abusivo de las cláusulas contractuales.

El ministro señaló que el alcance del nuevo organismo será muy amplio, ya que cubrirá a todas las entidades supervisadas por el Banco de España, la CNMV y la Dirección General de Seguros, los servicios 'fintech' y de criptoactivos y los servicios de préstamos al consumo o de crédito inmobiliario. Las resoluciones de la Autoridad tendrán carácter vinculante cuando el importe reclamado sea inferior a los 20.000 euros. El organismo se financiará mediante una tasa que van a abonar las entidades financieras y que se concibe como un "incentivo positivo", ya que dependerá del número de reclamaciones contra la entidad y de cuántas se resuelven a favor de los clientes.