Contratación Pública: España suspende en el curso 2017, según la Comisión Europea

Todos los años la CE elabora informes relacionados con el estado y funcionamiento del mercado interior. Entre ellos, se elabora uno relacionado con el estado de la contratación pública en los Estados miembros de la Unión Europea (UE).

A la luz de los principios de igualdad de trato, no discriminación y transparencia, y mediante la utilización de doce indicadores, la CE analiza cómo los Estados miembros se encuentran en cuanto a contratación pública. A continuación, pasaremos a analizar dichos indicadores y el resultado de España durante el año 2017.

Mecánica del informe e indicadores

La CE elabora la puntuación general mediante la suma de puntuación obtenida en los doce indicadores individuales, de forma que cuanto mejor sea la puntación en cada indicador, más subirá la puntuación general. Sin perjuicio de ello, hay tres indicadores que puntúan más que el resto (el triple), se trata de los primeros tres: i) una sola puja; ii) no publicación del concurso; y iii) tasa de publicación de concursos.

En consecuencia, el resto de los indicadores únicamente puntúan un tercio del total. Dichos indicadores evalúan: iv) compra cooperativa; v) criterios de adjudicación; vi) velocidad en la decisión; vii) cantidad de PYMEs contratantes; viii) cantidad de ofertas realizadas por PYMEs; ix) procedimientos divididos en lotes; x) ausencia de llamadas para ofertas; xi) ausencia de publicación de determinados datos del licitador adjudicatario; y xii) ausencia de publicación de determinados datos del órgano de contratación.

En qué ha aprobado España

Para empezar con lo positivo, España ha obtenido un "aprobado" en el indicador ii) no publicación del concurso. Esto quiere decir que la proporción de licitaciones no publicadas y negociadas con una sola empresa fue relativamente aceptable, es decir, que los concursos en España durante el 2017 han sido aceptablemente publicitados, transparentes y competitivos, si bien hay que mejorar.

Asimismo, España ha obtenido un notable en relación con el indicador v) criterios de adjudicación. Lo cual refleja que en España en 2017 no se adjudicaron contratos públicos teniendo solamente en cuenta el precio más bajo, sino otros factores como la calidad del bien o servicio.

En qué ha suspendido España

Sin perjuicio de haber aprobado en dos de los doce indicadores, en cómputo global España ha suspendido el curso 2017 por haber suspendió en dos de los tres indicadores más importantes.

A continuación, podemos observar en qué ha fallado España y lo que refleja cada indicador:

1. Una sola puja: evidencia que en España hay demasiadas licitaciones en las que sólo se presenta un oferente, lo que reflejaría una posible falta de competitividad y/o demasiada burocracia;
2. Tasa de publicación de concursos: mide la cantidad de licitaciones publicadas en el portal TED en relación con el PIB de España y refleja una posible falta de apertura y accesibilidad al mercado español de contratación pública;
3. Compra cooperativa: mide la cantidad de licitaciones en las que las administraciones públicas españolas colaboran conjuntamente, lo que refleja que en España se pierden oportunidades para comprar a mejores precios e intercambiar conocimientos entre administraciones;
4. Velocidad en la decisión: evidencia que en España es demasiado prolongado el tiempo entre la recepción de las ofertas y la adjudicación del contrato, lo que tiene como consecuencia procedimientos más costosos y mayor incertidumbre para administraciones y oferentes;
5. cantidad de PYMEs contratantes: mide la cantidad de contratos en los que una PYME es adjudicataria en España, reflejando que en España hay barreras que favorecen a las grandes empresas sobre las PYMEs (que componen la mayoría de empresas en la UE);
6. cantidad de ofertas realizadas por PYMEs: mide la proporción de ofertas realizadas por PYMEs en licitaciones en España y refleja la posibilidad de que los pliegos de licitaciones estén inclinados en contra de las PYMEs;
7. Procedimientos divididos en lotes: mide la cantidad de licitaciones que se dividen en lotes, para favorecer la participación de PYMEs, reflejando una posible discriminación en favor de grandes oferentes en España;
8. ausencia de llamadas para ofertas: mide la cantidad de contratos en los que, a pesar de haber existido licitación, no quedan claras las condiciones o la propia licitación, reflejando que en España es insuficiente la información sobre las actividades de contratación pública, lo que obliga a la formulación de preguntas y aclaraciones a los órganos de contratación;
9. ausencia de publicación de determinados datos del licitador adjudicatario: mide la cantidad de veces que determinados datos del adjudicatario no fueron incluidos en el proceso de licitación, lo que reflejaría que en España no se recaba suficiente información acerca de los oferentes;
10. ausencia de publicación de determinados datos del órgano de contratación: al igual que el anterior indicador, mide la cantidad de veces que en una licitación no publican suficientes datos acerca del órgano de contratación, reflejando que en España probablemente no se toma nota de este tipo de información.

La solución, ¿la nueva Ley de Contratos del Sector Público?

Ante el suspenso de España, cabe hacerse la pregunta de si la nueva Ley de Contratos del Sector público será capaz de mejorar la calificación de España para el curso 2018.

Podemos adelantar una predicción si tenemos en cuenta los objetivos perseguidos con la nueva Ley, y que ya analizamos aquí. Algunos de dichos objetivos coinciden con muchos de los indicadores tenidos en cuenta por la CE a la hora de evaluar la "salud" del mercado español de licitaciones públicas.

En este sentido, podemos decir que si las administraciones españolas cumplen con el objetivo de crear más centrales de compras; aplicar correctamente los procedimientos abiertos simplificados; aplicar mayor flexibilidad en los requisitos de solvencia exigidos a las PYMEs; la división por defecto de la licitación por lotes, estaríamos ante un potencial aprobado de España para este curso 2018.

Cabe mencionar que la labor de las propias empresas en este sentido es muy importante, dado que éstas han de denunciar cualquier irregularidad que no cumpla con los objetivos, tanto de la CE como de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, para así poder permitir una mayor competitividad, transparencia y evolución del mercado español de la contratación pública, y así acercar a España a los niveles de competitividad de la UE.